La concesi n del Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas se mantiene como un foco de debate en Mar del Plata.
Por Juma Lamacchia
Tras la intensa actividad deportiva y musical que marc la pasada temporada de verano en ambos recintos bajo la administraci n de Minella Stadium S.A., concesionaria desde finales de 2025 por 30 abyos, se vuelve a cuestionar la falta de avances visibles en las obras comprometidas en el contrato, as c n como la ausencia de informes oficiales sobre el progreso por parte del gobierno municipal, lo que gener d cuestionamientos desde la oposici n.
Concejales opositores exigeieron acceso al contrato y presentaron dos proyectos para inspeccionar ambos espacios y para citar a representantes de la empresa para explicar el estado de los trabajos y aclarar dudas respecto al cumplimiento de las obligaciones.
Estas iniciativas surgen en un contexto de silencio oficial respecto a los allanamientos vinculados a la causa judicial de Sur Finanzas, retrasos en el inicio de las obras y falta de un plan formal de ejecuci n.
En la Comisi n de Deportes y Recreaci n, la mayor a oficialista rechaz estas solicitudes a la espera de informes de la Secretar a Legal y T 9cnica, cuyo titular y el presidente del EMDER declararon el 24 de febrero ante el Juzgado Federal, entregando solo informaci n administrativa segn el gobierno.
El concejal oficialista Fernando Muro calific la solicitud como una maniobra poltica anticipada, recordando que la concesi n es reciente y se requiere ms tiempo para evaluar avances debido a la envergadura de las obras.
Supervisi n y control del contrato
El control formal est a cargo del Ejecutivo municipal a travs del EMDER, que aprueba proyectos, supervisa cumplimiento, mantiene las instalaciones y puede sancionar incumplimientos. La Secretar a Legal y T 9cnica valida jurdicamente y puede interpretar o resolver sobre el contrato.
No obstante, este control est alojado en espacios vinculados al mismo poder municipal que aprob la concesi n, lo que pone en tela de juicio la independencia y transparencia frente a un contrato pblico que incluye fuertes inversiones y un perodo inicial sin pago de canon.
El debate pblico en la ciudad pide mayor claridad e informaci n accesible sobre la gesti n y el cumplimiento de un contrato que compromete recursos y el futuro de instalaciones claves para la comunidad.
