El 2025 culminó con un déficit superior a $7.400 millones y la regulación del transporte digital reaparece en la agenda del Concejo Deliberante.
El municipio de General Pueyrredon cerró el ejercicio 2025 con un déficit presupuestario que superó los $7.437 millones, tal como indica la documentación oficial presentada esta semana al Concejo Deliberante por el gobierno local.
Dicha cifra abarca la ejecución presupuestaria de la administración central, los cuatro entes municipales y Obras Sanitarias, evidenciando un déficit más del doble respecto a 2024, cuando fue de $2.916 millones.
La contracción económica repercutió claramente en las finanzas municipales: se registraron ingresos por $335.784 millones, representando apenas el 92,98% de lo proyectado, en tanto los gastos alcanzaron $367.862.824.651,9, superando en un 1,87% el presupuesto aprobado.
Según la Memoria Anual de la Contaduría, esta brecha se explica principalmente por una fuerte reducción en las transferencias corrientes y de capital, tanto desde la administración nacional como provincial. Las transferencias corrientes bajaron un 94,44% y un 31,98% respectivamente, respecto a lo previsto.
Aun con el alineamiento local hacia el gobierno del presidente Javier Milei, las transferencias de capital provenientes de Nación se redujeron un 100%, mientras que las de Provincia disminuyeron un 30,92%, privando al municipio de recibir más de $14.000 millones en 2025.
Regulación del Transporte
En un tema que se repite sin solución definitiva, el Concejo Deliberante volvió a debatir proyectos para regular las plataformas digitales de transporte, focalizando en dos iniciativas impulsadas por la Coalición Cívica que ya fueron presentadas en años previos.
El primero propone la creación de un registro oficial de prestadores del servicio mediante aplicaciones. El segundo busca eliminar las multas vigentes por operar a través de plataformas como Uber, Cabify y Didi.
Esta discusión surge en un contexto de crecimiento sostenido de esas aplicaciones y el aumento de tensiones con el sector tradicional de taxis y remises, que denuncian competencia desleal debido a costos operativos mayores.
Guido García, presidente de la comisión, resaltó la necesidad de establecer “un esquema de habilitación claro” mediante un registro formal.
Entre los puntos contemplados se estipula que el transporte solo podrá ofrecerse por aplicaciones digitales, sin posibilidad de captar pasajeros en la vía pública, y que quienes presten el servicio deberán ser personas nacidas en General Pueyrredon.
Los proyectos quedaron en comisión, solicitándose informes a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para su análisis.
Por su parte, el concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro) propuso la realización de una mesa de diálogo con representantes de taxistas y conductores de plataformas digitales para considerar las posturas de ambos sectores.
En el caso del proyecto para eliminar sanciones a choferes de plataformas digitales, también fue remitido a comisión con pedido de informe al área Legal y Técnica del Ejecutivo.
